El PCE-EPK trabajará para que las movilizaciones del 11 de febrero y posteriores sean un éxito. En la actual situación de correlación de fuerzas políticas, únicamente la organización de amplias movilizaciones sindicales y sociales pueden permitir que se resuelva a favor de la clase trabajadora la pugna para aprobar las medidas que dejen sin efecto las reformas laborales de los gobiernos neoliberales, las intenciones de los sectores oligárquicos respecto al sistema público de pensiones y para que continúe el incremento del SMI.
Sin duda, la crisis económica y social provocada por la pandemia está empeorando las condiciones de vida de nuestro pueblo, a pesar del despliegue del llamado escudo social en el que tanto empeño ha realizado la coalición Unidas Podemos desde su presencia en el Gobierno central. La pérdida de derechos laborales de los últimos años, los recortes y las privatizaciones, medidas propias de las políticas neoliberales, han evidenciado llegada la pandemia, que el sistema capitalista es incapaz de proteger a la clase trabajadora y a nuestro pueblo. El desempleo ha crecido hasta casi los 4 millones de personas y prácticamente un millón de puestos de trabajos son en estos momentos mantenidos gracias a los ERTES puestos en marcha por el Ministerio de Trabajo.
En este contexto es imprescindible acelerar la reforma laboral, para dejar sin efecto las medidas de desregulación laboral, para acabar con la precariedad y mejorar las condiciones de trabajo. Pero la puesta en marcha de las medidas previstas en el acuerdo de Gobierno de coalición para dejar sin efecto la reforma laboral aprobada por los anteriores gobiernos o para conseguir la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio en nuestro país, están encontrando como era previsible grandes resistencias por parte de los sectores empresariales y la derecha política.
En este momento tanto la derecha, como sectores del Partido Socialista como la CEOE se oponen radicalmente a la subida del SMI en el 2021. Es evidente la intervención del área económica del Gobierno en defensa de los intereses de los grandes grupos empresariales y confrontando con las propuestas de Unidas Podemos, en especial con las relacionadas con el mundo del trabajo, excediéndose mucho en las competencias de dicha área económica encabezado por la vicepresidenta Nadia Calviño.
En estos momentos, el SMI está técnicamente “congelado” a pesar de las importantes subidas conseguidas en los años previos gracias a la acción política de Unidas Podemos junto a la presión sindical y social, lo que significa que hay vía abierta para continuar luchando por una subida en este año. Respecto a las medidas de desmantelamiento de las reformas laborales la batalla ya ha comenzado con el debate en torno a la regulación de las denominadas plataformas de raiders, es decir la introducción de una regulación laboral expresa respecto a los repartidores.
Como es conocido, en los últimos meses la Inspección de Trabajo viene impulsando procedimientos sancionadores qué conjugados con distintas sentencias emitidas por tribunales laborales, han ido abriendo el escenario de una regulación del sector con pleno reconocimiento de derechos laborales, ámbito en el que ha sido más fácil avanzar debido a los propios intereses de algunos grupos empresariales dedicados al transporte que veían en las empresas de raiders una evidente competencia desleal.
Sin embargo, las medidas para la recuperación de la negociación colectiva y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, así como la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, están demorando en ser adoptadas debido a la coordinación entre la CEOE y determinados sectores del Gobierno qué se referencian en el área económica gestionada por el PSOE. Junto a ello es necesario avanzar en la regulación de la subcontratación laboral, art 42 ET, y la simplificación de los modelos de contratación conforme a la propuesta del Ministerio de trabajo de reducirlos a tres: un contrato de trabajo indefinido, otro contrato de formación o prácticas y otro contrato temporal, de carácter excepcional y con una regulación expresa de la causalidad que resulte absolutamente objetiva y clara, que haga de la contratación temporal la excepción y no la regla en España.
Debemos destacar que la actitud de los sindicatos ha sido de coordinación absoluta con el Ministerio de Trabajo y por lo tanto con las posiciones políticas del espacio de Unidas Podemos. Sin embargo, el bloqueo está siendo evidente con la excusa de la agudización de la pandemia y la situación económica de las empresas obviando que la política de ERTES puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo ha permitido el mantenimiento de prácticamente 800.000 puestos de trabajo que de otra forma se habrían perdido en nuestro país desde el inicio de la pandemia.
No perdemos de vista que las altas tasas de temporalidad En España han sido la principal causa de que el desempleo se haya disparado desde el inicio de la pandemia hasta encontrarnos con cifras cercanas a los cuatro millones de desempleados a pesar del esfuerzo hecho con la puesta en marcha de los ERTES. La situación de bloqueo para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social respecto a la puesta en marcha de la reforma laboral se está utilizando como excusa para demorar la agenda legislativa que debe poner en marcha el Consejo de Ministros y el Parlamento para llevar a cabo la reforma acordada en el acuerdo del gobierno de coalición.
En las últimas semanas hemos asistido a una nueva pugna en el seno del Consejo de Ministros debido a los anuncios unilaterales del ministro Escrivá de poner en marcha una reforma del sistema de pensiones que incremente los años de cotización para poder acceder a la pensión máxima de jubilación, así como la imposición de amplios periodos de vida laboral para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación.
Medidas todas ellas que además de ser claramente perjudiciales para la clase trabajadora de nuestro país no se encuentran contempladas entre las 22 recomendaciones alcanzadas por el Pacto de Toledo en el Congreso en el mes de noviembre. De hecho entre esas 22 recomendaciones, y aunque algunas de éstas eran cuestionables, lo más destacable era que se habían eliminado los denominados factores de sostenibilidad qué propiciaban la ampliación del periodo laboral activo para poder acceder a las pensiones máximas, así como se limitaban los años de cómputo de las cotizaciones para qué no pudiera calcularse la cuantía definitiva de la pensión de jubilación sobre los años con cotizaciones más bajas del trabajador o la trabajadora.
En este contexto confrontar con los hasta ahora “globos sonda de opinión” lanzados por el ministro Escrivá es también un objetivo de nuestro Partido y de Izquierda Unida en coordinación con el espacio de Unidas Podemos y especialmente en coordinación con los sindicatos y movimientos sociales de pensionistas, que desde el primer momento se han manifestado claramente indignados con estas declaraciones que han sido entendidas como una auténtica provocación.
Sin duda alguna en el fondo del enfrentamiento se encontraba el plazo perentorio de envío a la Unión Europea del programa de Reconstrucción para la aplicación de los fondos recibidos por España y acordados por la UE. Con estas declaraciones se pretendía incluir en el documento enviado unos modelos de reforma del sistema de pensiones contrarios a lo aprobado en el Pacto de Toledo, así como propuestas laborales que de hecho impidieran las medidas para dejar sin efecto las anteriores reformas laborales.
Finalmente, la presión sindical y el trabajo político realizado en el Consejo de Ministros por Unidas Podemos, así como desde este espacio político, ha permitido que la propuesta del plan enviado a las instituciones europeas mantenga las recomendaciones adoptadas por el Pacto de Toledo, así como las propuestas del Ministerio de Trabajo de reforma laboral, por lo que ha fracasado el último intento dejar sin efecto los contenidos del acuerdo del Gobierno de coalición en esta materia.
Por todas estas razones los sindicatos de clase han convocado las primeras movilizaciones de forma descentralizada en toda España para el 11 de febrero. El Partido Comunista se propone contribuir a organizar las movilizaciones sindicales y en general de las personas trabajadoras, junto con todos los sectores organizados de la sociedad que seamos capaces de sumar a estas movilizaciones.
El PCE-EPK trabajará para que las movilizaciones del 11 de febrero y posteriores sean un éxito en el complejo contexto de la agudización de la pandemia, lo que hace muy difícil la organización de movilizaciones masivas. En la actual situación de correlación de fuerzas políticas, únicamente la organización de amplias movilizaciones sindicales y sociales pueden permitir que se resuelva a favor de la clase trabajadora la pugna para aprobar las medidas que dejen sin efecto las reformas laborales de los gobiernos neoliberales, las intenciones de los sectores oligárquicos respecto al sistema público de pensiones y para que continúe el incremento del SMI.
Comisión Política del PCE-EPK
Gasteiz
3 de Febrero de 2021
