El gobierno vasco, ya sea por medio de la consejera Sagarduy en la radio o del lehendakari en sede parlamentaria, elude sus responsabilidades en esta nueva ola, dejando claro que prefieren proteger otros intereses de carácter privado. Es bien sabido que, ante la nueva variante ómicron, las cosas podían empeorar y, aunque la vacunación haya mitigado las consecuencias, no frena su contagio. Estudios constatan la alta contagiosidad. No hay más que ver los miles de positivos diarios declarados por Osakidetza. El nivel de contagios tan elevado ha llevado a una sobrecarga del servicio de salud. De nada sirven las loas al trabajo a los profesionales de la salud si no se toman medidas para evitar la saturación del sistema y la sobrecarga de trabajo.
Por otro lado, sacar pecho con los 30 millones de euros extra, sobre un presupuesto en salud de 4352, acordados con EH Bildu para los Presupuestos Generales de Euskadi parece una broma de mal gusto, cuando las carencias del sistema requieren una inversión mucho mayor. Tan solo la contratación de los sanitarios y sanitarias de los que ha prescindido el Gobierno Vasco desde Octubre requiéren de una inversión de 140 millones de euros. Prescindir de estos- 4000 profesionales cuando la pandemia está muy viva, es una temeridad. Ahora vemos las consecuencias con una plantilla exhausta, protestando en las puertas de los centros de salud porque no dan más de sí. Una plantilla con más del 50% de eventualidad siendo habitual contrataciones muy cortas y en diferentes servicios, restando eficacia a su trabajo.
Gran parte de la petición de citas en atención primaria y vacunación se realizan a través de «nuevas tecnologías». Cuando ocurre algún problema en estas aplicaciones informáticas, la alternativa a la que pueden recurrir los pacientes, la atención telefónica, demuestra su tamaño insuficiente colapsando, con el “consecuente malestar” que acarrea a usuarios y trabajadores. También se encuentran desamparadas las personas que no dominan, o no tienen acceso, a estas tecnologías. Las condiciones de las trabajadoras de este servicio no difieren en exceso de cualquier call center de una empresa privada. Estas trabajadoras están sometidas a un abandono por falta de formación en protocolos, con las consecuencias que supone para la atención ciudadana.
Podemos añadir la alta sobresaturación del servicio de rastreo que no da abasto, lo que acarrea incertidumbre entre la población que no sabe lo que debe hacer ante un contacto estrecho. A todo esto, hay que añadir la suspensión temporal de vacaciones del personal sanitario, que por supuesto, no es ajeno a la situación y también sufre contagios, tensionando más sus extenuadas fuerzas, mientras se prescinde de 4000 profesionales enviados a la cola del paro.
El colapso de Osakidetza por el covid afecta a los usuarios por otras patologías. La saturación de la atención primaria por falta de personal retrasa las citas médicas. La atención se realiza vía telefónica, con los problemas que acarrea para el diagnóstico y la atención.
A todo esto, hay que añadir la suspensión de cirugías no urgentes, empujando a la gente a recurrir a medios paliativos y a la sanidad privada para atender sus males, redundando esto en un coste extra para para su bolsillo. Cuando más necesitamos del servicio de salud, el gobierno vasco del PNV-PSE más quita el servicio y más hace por debilitar el sistema público de salud. Tampoco olvidemos el cierre de algunos servicios como los PAC´s (Puntos de Atención Continuada) y los recortes de 2008, que han puesto aún más en jaque esta desastrosa gestión sanitaria. Las listas de espera en atención especializada no hacen más que ir en aumento.
Otra cuestión importante son los test de autodiagnóstico que, en vez de hacerlo personal capacitado para la tarea, lo ha de hacer la gente en su casa o en la farmacia, suponiendo también otro coste más para el afectado. Todo esto está redundando en el crecimiento de la cobertura sanitaria en el sector privado en España, evidenciando un aumento, en 2021, de un 23% de media en las comunidades autónomas, lo que supone otro coste añadido más ante la búsqueda de soluciones que recae una vez más en el trabajador. Otro coste del que poco se habla es como en la CAV, la vacunación de mutualistas la está asumiendo Osakidetza, y no sabemos si estas mutuas están asumiendo los costes de vacunación de las personas asociadas a ellas, algo que, si no es así, una vez más caerá sobre las espaldas de la clase trabajadora de Euskadi también. Todo esto supone una suculenta tajada de negocio para las empresas privadas dedicadas a ofrecer productos de salud, quienes se están aprovechando de la situación.
No debemos olvidar tampoco la lucha de los trabajadores que trabajan para las subcontratas de limpieza a quienes les quieren quitar la homologación para así desequiparar sus categorías con las de Osakidetza para recortar sus condiciones salariales. He aquí el quid de la cuestión ¿qué está protegiendo el Gobierno Vasco, la salud de todos nosotros o los beneficios de unos pocos? ¿La salud de nuestros bolsillos o el de empresas como Abbott, autores de los de antígenos, que en el segundo trimestre del 2021 se han embolsado alrededor de 1.100 millones en productos relacionados con la detección del COVID-19?
Hay que denunciar que no solo pone en riesgo nuestra salud, sino también nuestro futuro, es hora de reclamar nuestro derecho a un servicio de salud público, digno y de calidad, en la que sus profesionales y sus usuarios sean la prioridad real. Hay que hacer un llamado y acudir a las protestas por la defensa de nuestros intereses y a la atención sanitaria de calidad y pública, un derecho conquistado que nos quieren arrebatar y condicionarlo al sálvese quien pueda en función al dinero de su bolsillo.
Firman este artículo:
Arkaitz González y Javier Virto
Militantes del PCE-EPK
